Aprobado Plan Anticorrupción en Isla Mujeres
El Cabildo de Isla Mujeres dio luz verde al Programa Anticorrupción Municipal PAM-IM, reafirmando su compromiso contra la corrupción y la transparencia en las finanzas públicas. Esta aprobación, realizada en cumplimiento con la Gobernadora del Estado, Mara Lezama Espinosa, sigue la firma previa de la Declaratoria de Municipios Anticorrupción en marzo, que involucró a la Gobernadora, la Secretaria de la Contraloría Reyna Valdivia Arceo Rosado y el municipio de Isla Mujeres, liderado por la alcaldesa Atenea Gómez Ricalde.
Este programa marca el compromiso asumido por el municipio para erradicar la corrupción. Atenea Gómez, la alcaldesa, enfatizó la intolerancia ante cualquier acto corrupto que perjudique a las familias isleñas. Aseguró que aquellos que sean descubiertos en actos indebidos recibirán sanciones según lo establecido por la Ley.
La alcaldesa subrayó la gestión financiera transparente y responsable de su Gobierno, priorizando el beneficio de las familias a través de obras públicas de calidad, servicios eficientes, programas sociales, salud y educación para los más necesitados. También se resalta la promoción del turismo, la protección del medio ambiente y el respaldo a los residentes en situaciones vulnerables, junto al fortalecimiento de la seguridad.
Esta aprobación e implementación del programa no solo busca combatir la corrupción, sino también promover un gobierno municipal honesto y transparente. Destaca la colaboración entre el Gobierno del Estado, liderado por Mara Lezama, y el municipio de Isla Mujeres, bajo el liderazgo de Atenea Gómez Ricalde.
Antes de la aprobación, se llevaron a cabo reuniones entre el municipio, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo (SESAEQROO), el Comité de Participación Ciudadana (CPC), la Secretaría de la Contraloría del Estado (SECOES) y Ciudadanos por la Transparencia. Estos encuentros demuestran el compromiso conjunto entre el sector público y la Iniciativa Privada en la formulación de políticas públicas para reducir los efectos negativos de la corrupción.
