Acusaciones de violencia familiar y tráfico de influencias contra la Secretaría de Desarrollo Social de Cancún
Activistas han señalado a Paola Moreno Córdova, Secretaría de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Benito Juárez en Cancún, de estar involucrada en casos de violencia familiar y tráfico de influencias. Según las acusaciones, Moreno habría intentado desalojar a Daisy Sarai Toboada y a su hija menor, identificada como JRT, de su hogar.
Durante una conferencia de prensa, Toboada, respaldada por el colectivo «50+» liderado por Ludivina Menchaca Castellanos, explicó que el conflicto actual se deriva de su proceso de divorcio con Emiliano Ramos Hernández, padre de la menor. La mujer relató haber sufrido violencia física y psicológica durante el tiempo que vivió con Ramos y Paola Moreno.
En febrero de este año, Toboada presentó una denuncia formal por violencia familiar, la cual fue registrada bajo el número de carpeta de investigación 330/2023. A partir de esa denuncia, la funcionaria exigió que la vivienda donde reside la menor sea incluida en el reparto de bienes en el proceso de divorcio, lo cual ha generado hostigamiento, amenazas y actos de violencia hacia Toboada y su hija.
Toboada afirmó que el proceso está viciado y mencionó que el 30 de mayo, Paola Moreno llegó a la vivienda acompañada por policías municipales para iniciar el desalojo, lo cual consideró un acto ilegal. La denunciante negó las aseveraciones de Moreno sobre su situación de vivienda, ya que tanto ella como Ramos cuentan con cuatro propiedades y Toboada recibe un sueldo como funcionaria pública.
Además, Toboada señaló que mientras el proceso de la funcionaria avanza rápidamente, la denuncia por violencia familiar contra la menor se encuentra estancada, habiéndose programado una audiencia para noviembre. Criticó el tráfico de influencias basado en el estatus de Moreno como funcionaria.
Toboada solicitó a la jueza Jennifer Lockwood que lleve el proceso de acuerdo con la ley y pidió a la presidenta municipal, Ana Patricia Peralta, que investigue el caso. También solicitó la intervención de la gobernadora Mara Lezama Espinosa para poner fin al acoso y hostigamiento que ella y su hija están experimentando.
Por su parte, Ludivina Menchaca, presidenta del colectivo «50+», respaldó la denuncia de Toboada y su hija, y anunció que solicitará a la alcaldesa Ana Patricia Peralta la aplicación de la Ley 3 de 3, la cual prohíbe que los violentadores y deudores alimentarios ocupen cargos públicos. Menchaca destacó que esta norma no solo se aplica a los hombres, sino a cualquier persona que ejerza violencia contra otros o menores de edad, y mencionó que Moreno enfrenta una denuncia por agresión verbal y física contra su hijastra.
La líder del colectivo hizo un llamado a la gobernadora Mara Lezama Espinosa, amiga de la funcionaria, para que atienda el caso y proteja los derechos de la menor, recordando su participación conjunta durante el proceso electoral pasado.
