Revelados Más Casos de Integrantes de la 4T que Reciben Apoyo Social de Forma Ilegal
En medio de la controversia, nuevos nombres emergen en relación con el cuestionado apoyo social otorgado por el gobierno. Neri Deyanira Martínez Estrada, quien en el pasado fue concejal en el ayuntamiento bajo la dirección de Laura Beristain Navarrete, se suma a la lista de individuos vinculados a la 4T que han obtenido beneficios de manera irregular.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha hecho eco de las denuncias en torno a esta situación, resaltando que las acusaciones de irregularidades continúan aumentando. La administración estatal en Quintana Roo ha tomado medidas al suspender a las funcionarias señaladas de sus cargos y lanzar una investigación a cargo de la Secretaría de la Contraloría (Secoes) para examinar los registros de los programas sociales destinados a combatir la pobreza.
Dentro de esta coyuntura, se pone en evidencia el caso de Neri Deyanira Martínez Martínez, quien previamente desempeñó el cargo de regidora en el municipio de Solidaridad durante el mandato de Laura Beristain Navarrete. Aunque Martínez Martínez no cumple con los criterios básicos para acceder a la asistencia, dado su mejorado estado financiero debido a su posición en el ayuntamiento, logró beneficiarse del programa «Mujer es Vida» de la Secretaría del Bienestar (Sebien), el cual está destinado a mujeres en situación de pobreza.
Esta situación pone de manifiesto la preocupante tendencia de utilizar programas sociales para favorecer a individuos relacionados con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) o a personas cercanas al gobierno, incluso si no cumplen con los requisitos necesarios. A pesar de no ocupar actualmente un cargo público, la inclusión de Neri Deyanira en el programa resalta la persistencia de esta problemática.
Cabe señalar que Martínez Martínez ha sido beneficiaria de una asignación bimestral de mil 200 pesos, además de una canasta de productos básicos. Esto a pesar de su historial como regidora con ingresos mensuales superiores a 60 mil pesos durante su mandato de tres años. Estos hechos ponen de manifiesto que no se cumplen los criterios de elegibilidad, como estar por debajo de la línea de pobreza, para acceder a estos beneficios sociales.
Como punto relevante, la primera oleada de denuncias por inscripciones irregulares involucraba a Rosario de los Ángeles Abán Mukul, subsecretaria de Desarrollo Humano; Breya Hodich Alcocer, titular del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) en José María Morelos; Yeceña Marleni Escalera Valencia, directora de Atención a Rezago Alimentario en la zona norte; y Ana Luisa Chávez Mah Eng, jefa de departamento de Apoyo Alimentario de Inclusión Social en la zona norte.
En respuesta a estas denuncias, la Secoes ha decidido suspender de sus funciones a las funcionarias señaladas y ha lanzado una investigación exhaustiva de los registros de beneficiarios de los programas sociales. Paralelamente, el PRD ha informado que ha recibido denuncias adicionales de casos similares, involucrando a servidores públicos en diversos municipios del estado de Quintana Roo.
