Quintana Roo

Avance hacia Ciudades Libres de Cables: Propuesta de Estefanía Mercado

La diputada Estefanía Mercado ha introducido una iniciativa para reformar las leyes urbanísticas y de desarrollo humano en Quintana Roo, con el objetivo de impulsar la utilización de infraestructuras subterráneas para las telecomunicaciones y radiodifusión. Esta propuesta busca erradicar el enmarañado visual de cables aéreos que actualmente afecta a las ciudades de la región.

La propuesta de reforma legal presentada en el Congreso del Estado tiene como principal propósito regular y promover la adopción de infraestructuras subterráneas para telecomunicaciones y radiodifusión en los municipios de Quintana Roo. La diputada, quien preside la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, enfatizó que la iniciativa se enfoca en aspectos de seguridad, conservación del entorno, estética urbana, resiliencia ante desastres naturales y avances tecnológicos.

La idea central de la propuesta es incentivar la instalación de cables subterráneos para telecomunicaciones y radiodifusión, además de regular la construcción civil como parte integral de esta nueva infraestructura. Para lograrlo, se busca una coordinación efectiva entre las autoridades locales y los proveedores de servicios, facilitando así la transición progresiva hacia este nuevo modelo de cableado.

El proyecto contempla el estímulo al uso compartido de la infraestructura subterránea para reducir costos y evitar duplicidades, al mismo tiempo que establece responsabilidades claras para los propietarios en términos de mantenimiento y seguridad.

Según Estefanía Mercado, este tipo de transformación en la infraestructura proporcionaría beneficios significativos, incluyendo una comunicación más segura durante catástrofes naturales, una mejora en la apariencia visual de las ciudades, el impulso al desarrollo tecnológico y la conectividad, además de la creación de comunidades más seguras y prósperas en Quintana Roo.

Esta iniciativa de reforma, propuesta por Estefanía Mercado, involucra a gobiernos locales, autoridades estatales, proveedores de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, constructores de infraestructura y a la comunidad en su conjunto.

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