Propuesta de Estefanía Mercado busca endurecer castigos por abuso animal
La presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico de la XVII Legislatura, Estefanía Mercado, presenta una iniciativa para fortalecer las penalizaciones contra la crueldad hacia los animales en Quintana Roo.
En un intento por elevar la salvaguardia y el bienestar de los seres vivos en Quintana Roo, así como evitar la normalización del trato cruel a los animales, Estefanía Mercado, líder de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico de la XVII Legislatura, ha propuesto reformar los artículos 179-bis y 179-ter del Código Penal, junto con los artículos 119 y 121 de la Ley de Protección y Bienestar Animal, legislación que pertenece a este estado.
La propuesta tiene como finalidad enmendar tanto el Código Penal como la Ley de Protección y Bienestar Animal en Quintana Roo, con el propósito de imponer sanciones más rigurosas contra el maltrato a los animales. Estefanía Mercado explicó que la intención es establecer castigos más severos para los casos de abuso animal que pongan en riesgo la vida o causen la muerte de estos seres.
Adicionalmente, dentro de la propuesta de reforma se contempla la implementación de medidas disciplinarias y la destitución de empleo para los funcionarios públicos involucrados en actos de crueldad y maltrato animal.
En relación al Código Penal, la propuesta implica una modificación de la pena para los casos de maltrato intencional que no represente un peligro de vida para el animal. Actualmente, esta pena oscila entre seis meses y un año de prisión, acompañada de multas que van de veinticinco a cincuenta días. La intención es que estas penas sean aumentadas a un rango de uno a cuatro años de prisión, junto con multas que fluctúen entre cincuenta y cuatrocientos días, respectivamente.
Cuando el maltrato intencional resulte en la muerte del animal, la pena actual de uno a dos años de prisión, junto con multas de cien a doscientos días, sería incrementada a un período de cuatro a seis años de prisión y multas que varíen entre cien y quinientos días.
En ambos escenarios, si se encuentran involucrados funcionarios públicos, serán destituidos de sus cargos y se les prohibirá desempeñar puestos públicos por un tiempo equivalente a la duración de la pena de prisión impuesta.
En lo que respecta a la Ley de Protección y Bienestar Animal, las sanciones actuales por abuso animal que conllevan multas experimentarían un cambio. Se propone que estas multas oscilen entre doscientas y cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el doble de la penalización actual para otras transgresiones prohibidas por la ley. Cuando el infractor sea un servidor público, se establecerá una sanción administrativa que resulte en su destitución del cargo y en una inhabilitación para ejercer puestos públicos durante un lapso de 10 años.
Estefanía Mercado subrayó que esta iniciativa tiene como fin transmitir un mensaje inequívoco acerca de la protección de la vida animal, dejando claro que ciertas conductas no serán toleradas. Además, la introducción de sanciones administrativas, como la destitución de los funcionarios públicos involucrados, enfatiza la importancia de la responsabilidad de los servidores en la protección de los derechos de los animales y fomenta una cultura de respeto hacia estos seres vivos.
Playa del Carmen, Quintana Roo, 31 de agosto.
